Santiago de Chile, 29 jun (dpa) -
La ex presidenta chilena Michelle Bachelet, favorita para ganar las primarias de la oposición este domingo, prometió ya una serie de cambios políticos y económicos que desataron las críticas del gobierno de derecha.
"Somos gente responsable", replicó la mandataria tras ser acusada de pretender seguir los senderos del "chavismo" por los líderes de los oficialistas partidos de Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
Bachelet, favorita también para los comicios presidenciales de noviembre, anunció dos propuestas centrales. Una consiste en elevar en 8.200 millones de dólares la tributación de las empresas y la otra en cambiar la Constitución.
Esta última iniciativa, surgida en medio de la ola de miles de protestas registradas desde 2011, es la que más complica a la derecha, que en general no desea modificar la preeminencia que la Carta Magna otorga a la propiedad privada.
El oficialismo, con un respaldo de un 30 por ciento en las encuestas, tampoco desea modificar las ventajas que el sistema electoral, incrustado en la Constitución, otorga a las minorías.
Ello se debe principalmente a que la derecha es socialmente minoría en Chile y ganó sólo dos elecciones en los últimos 55 años, la última con el actual presidente Sebastián Piñera.
Algunos referentes de la derecha, como el columnista y político Hermógenes Pérez de Arce, incluso hablaron de la posibilidad de que los militares salgan de nuevo a las calles, como en el golpe de 1973.
Bachelet, al igual que la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, aseguró por su parte que las transformaciones serán dentro del marco de la propia Constitución, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
Los cambios tributarios, en un país donde el uno por ciento por ciento más rico acapara un tercio de los ingresos, son otro eje del programa de gobierno de Bachelet.
La ex mandataria socialista propuso elevar del 20 al 25 por ciento los tributos a las empresas y eliminar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), mecanismo que permite a las compañías postergar indefinidamente sus tributos.
Las utilidades sin tributar ascendieron a los 250.000 millones de dólares a 2012, gracias a este mecanismo ideado también durante la dictadura. De esa cantidad, unos 105.000 millones de dólares se encuentran en paraísos fiscales.
La eliminación en cuatro años del FUT y el alza tributaria permitirían a Bachelet financiar una reforma educativa que gradualmente otorgue gratuidad a los estudios universitarios.
Hoy en Chile, las familias deben pagar miles de dólares anuales para que sus hijos asistan a las universidades del Estado.
La reforma educacional, sin embargo, implica cambiar un concepto central del modelo de desarrollo chileno. Es decir, que los derechos sociales, como la educación o el transporte, "son bienes de consumo", como defendió desde 2011 el presidente Sebastián Piñera.
Por ello, como alertan dirigentes estudiantiles como el presidente de la Confederación de Estudiantes de Chile, Andrés Fielbaum, los cambios en educación son la puerta para otras transformaciones.
Una de ellas, y estratégica, se refiere al sistema de pensiones, el que en Chile es privado desde la dictadura de Augusto Pinochet.
En total, los ahorros previsionales suman 120.000 millones de dólares, que son administrados por empresas, cuyos dueños invierten estos recursos en instrumentos de renta fija, pero sobre todo en compañías relacionadas.
Bachelet propuso crear una AFP estatal, pero la profundidad de esa propuesta dependerá mucho de los equilibrios parlamentarios que surjan en noviembre, cuando serán renovados la totalidad de los escaños de la Cámara Baja y la mitad del Senado.
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